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La RCxB solicita corrección de las definiciones de vehículos del reglamento (UE) 168/2013

La RCxB ha enviado una carta a la DGT solicitando ayuda en la corrección de las definiciones de vehículos del reglamento UE 168/2013, una aparente imprecisión en la traducción al castellano es el origen del error.


Ante la comparativa con las versiones en otros idiomas del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuadriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos, resulta evidente según el apartado h), del punto 2, del Artículo 2, que dicho reglamento no es de aplicación tanto para las bicicletas, como para los ciclos de pedales con pedaleo asistido.

Es por ello que puede argumentarse de forma clara, que los ciclos de pedales con pedaleo asistido equipados con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 W, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear, no pueden ser considerados como vehículos a motor, y por tanto no responden a la subcategoría  L1e-A denominada Ciclos de motor, ni a las exigencias vinculadas a estos.

Cualquier interpretación distinta a esta, entraría en contradicción con el texto del Reglamento redactado en el resto de idiomas, y supondría una divergencia interpretativa respecto a un Reglamento que, como tal, y a diferencia de las Directivas, debe tener una aplicación obligada y homogénea bajo la misma interpretación, en todos los estados miembros de la UE.

Añadir además que, la posible aplicación de medidas sancionadoras basadas en la interpretación de una traducción al español del Reglamento, que parece claramente imprecisa, dispondría de una consistencia jurídica muy débil, y estaría en riesgo de perpetrar un incumplimiento explícito de un Reglamento europeo ante el que cualquier ciudadano o ciudadana de la Unión Europea podría interponer una denuncia fundamentada a la administración que hubiere aplicado dichas sanciones acogiéndose a una base jurídica tan discutible.

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