Por una ley justa.

Los últimos y graves delitos cometidos contra ciclistas por atropellos en los que el causante llevaba en su organismo alcohol y drogas, ha generado una honda preocupación en los usuarios de la bicicleta porque la respuesta que el Código Penal ofrece a estos delitos es muy leve. En el peor de los casos quien mata a uno o a más ciclistas estando “borracho” o “drogado” se enfrenta a una condena máxima de cuatro años de prisión y una retirada del permiso de conducción máxima de seis años. Normalmente se ventila, si no hay antecedentes, con menos de dos años de prisión y algo más de un año de retirada del permiso de conducción. Ante estos hechos la DGT ha reaccionado de modo inmediato y convocó una reunión del Comité de Seguridad Vial en el que impulsó con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado unas medidas urgentes para reforzar la vigilancia y control de los tramos más frecuentados por ciclistas con mayor presencia de agentes los fines de semana por la mañana, multiplicar los controles de alcoholemia y drogas en esos lugares, con el uso del helicóptero “Pegasus” vigilando y sancionando a quien ponga en peligro a ciclistas.

Sin embargo, con todo, tras la despenalización el día 1 de julio de 2015 de la imprudencia denominada “leve”, la inmensa mayoría de los accidentes quedan impunes. Cualquier persona que cause un accidente con lesionados o fallecidos, si no hay alcohol o drogas de por medio, no está cometiendo ningún delito, y por lo tanto, es impune. Nos referimos a saltarse un semáforo, un ceda el paso, o arrollar a un ciclista por no respetar su distancia de seguridad al adelantarle… y herirle o matarlo, eso no tiene relevancia penal y quien paga es exclusivamente la aseguradora. Y si encima se da el causante a la fuga habiendo matado en el acto a la víctima, o bien sobrevive y es atendida por otros usuarios de la vía, el fugado no comete delito alguno. Le sale gratis.

Fue una mujer que quedó viuda por el atropello sufrido por su marido ciclista, Anna González, quien sufrió de primera mano este diabólico sistema penal. El camionero que lo mató se dio a la fuga y no ha sido juzgado por ello al haberlo matado en el acto. Por eso se movilizó y logró a través de #PorUnaLeyJusta 200.000 firmas para que el Código Penal cambie.

La situación es insostenible para las víctimas de accidentes, no solo ciclistas, sino todas. Tenemos el apoyo expreso del Director General de Tráfico que manifestó ante todos en el Pleno del Consejo Superior de Tráfico del día 23 de mayo de 2017,  a que se reforme el Código Penal, y que quien se dé a la fuga tras causar un accidente sea condenado, así como que vuelva a ser considerado delito cualquier accidente causado por alguien que infringe una norma de tráfico y causa lesionados o fallecidos.

Si alguien como todo un Director General de Tráfico se ha mojado ¿no lo voy a hacer yo?

Alfonso Triviño Fernández.
Secretario General de la Asociación de Ciclistas Profesionales.
Abogado especializado en defensa judicial de ciclistas accidentados.

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